PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
El principio de no discriminación es uno de los fundamentos más esenciales de un sistema de protección integral de los derechos de los niños y jóvenes, garantizando que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad real y efectiva. Este principio está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que estipula la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación, promoviendo la erradicación de prácticas y estructuras sociales que históricamente han creado exclusión para ciertos grupos de niños, como en situaciones de pobreza, diferentes orígenes étnicos o discapacidades (Beloff, 2017). En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la constitución refuerza este principio al prohibir toda forma de discriminación y reconocer a los niños y jóvenes como un grupo prioritario. Esta disposición constitucional no sólo garantiza la igualdad formal ante la ley, sino que también obliga al Estado a tomar medidas afirmativas para prevenir la desigualdad estructural. Según Ávila Santamaría (2019), este enfoque corresponde a un modelo constitucional garantista que busca materializar los derechos en la realidad social.
El Código de la Niñez y la Juventud desarrolla el principio de no discriminación desde el punto de vista de la protección reforzada, afirmando que ningún niño puede ser excluido o limitado en el ejercicio de sus derechos por razones personales, familiares o sociales. García Méndez (2018) sostiene que la igualdad en la infancia no significa un trato idéntico, sino la adopción de medidas diferenciadas cuando sea necesario para asegurar condiciones de igualdad y justicia social.
En el ámbito de la educación, la ley orgánica de educación intercultural concreta este principio, garantizando una educación intercultural inclusiva, libre de discriminación y que asegure la disponibilidad, duración y culminación del proceso educativo. De esta manera, existe una clara correspondencia entre la normativa internacional y nacional que consolida la no discriminación como un eje transversal del sistema de protección infantil ecuatoriano.
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